Pese a las repetidas críticas de las organizaciones de protección de la infancia, el fichero biométrico creado en el 2018 con el objetivo de catalogar a los menores “extranjeros aislados” en Francia, continúa ganando terreno.
A principios de este año, el dispositivo fue implantado de manera experimental en tres departamentos. Desde entonces, 26 circunscripciones –de un total de 101- han adoptado esta tecnología, la cifra podría ascender a 75 en los próximos meses, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior al diario ‘Le Figaro’.
El controvertido fichero, cuya creación se inscribe en la ley de inmigración y asilo del 2018, compila huellas dactilares, coordenadas telefónicas, datos electrónicos e, incluso, fotografías de los menores inmigrantes que acuden a las autoridades competentes solicitando protección. Mientras el Gobierno de Emmanuel Macron asegura que el objetivo de tal dispositivo es identificar a los menores extranjeros “aislados” e impedir que acudan a diferentes departamentos solicitando una reevaluación de su edad; múltiples organizaciones de defensa de la infancia denuncian una medida destinada a luchar contra la inmigración irregular en detrimento del amparo de los menores.
“Para ciertos jóvenes, que ya han sido registrados en este fichero y cuya minoría de edad no ha sido reconocida, la expulsión puede ocurrir en cualquier momento”, alertaba el pasado mes de febrero Unicef France. En el ojo del huracán aparece la implantación del dispositivo biométrico, pero también la reforma sobre el procedimiento destinado a evaluar la edad de los jóvenes migrantes. Antes de la puesta en marcha de la nueva normativa, los departamentos eran los únicos encargados de determinar la edad de los menores extranjeros; desde el 31 de enero, fecha de entrada en vigor del decreto, las prefecturas pueden también convocarles e intervenir en la evaluación. Todos los datos recopilados en este proceso se inscriben en el fichero biométrico nacional.